*Actualizado a 12/03/2025
CCOO, UGT y CSIF firmaron el pasado diciembre con el Ministerio de Función Pública el ‘Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía’, que contempla un incremento de entre el 10,5 y el 11% del salario de los empleados públicos para los años 2025, 2026, 2027 y 2028. Tras completarse en enero, de forma retroactiva, el cobro de la subida del 2,5% previsto para 2025, y tras la subida del 1,5% aplicada a las nóminas de 2026, resta una subida del 6,5-7% de aquí a 2028.
Las subidas previstas son:
2026: Si la inflación iguala o supera el 1,5% ya aplicado, se cobrará un 0,5% con efecto retroactivo en el primer trimestre de 2027.
2027: Subida del 4,5%.
2028: Subida del 2%.
Estas subidas en absoluto vienen a compensar la pérdida del 24% de poder adquisitivo que arrastramos desde 2010 (que asciende a un 30% desde la entrada en el euro). Es más, cerrado el año 2025 con una inflación acumulada del 2,7%, el acuerdo ya ha iniciado su andadura con una pérdida adicional de poder adquisitivo de dos décimas, y el escenario de acabar 2026 con una inflación inferior al 2% parece poco realista.
La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que sólo los tres sindicatos de ámbito estatal citados tienen representación, es el único ámbito que tiene la capacidad de alcanzar acuerdos aplicables a todos los empleados públicos. El anterior acuerdo plurianual, firmado por UGT y CCOO, no puso freno a la pérdida de poder adquisitivo, y por ello recibió duras críticas por parte de CSIF. Ante el nuevo acuerdo, esta vez con la complicidad de CSIF, el escenario será previsiblemente el mismo: seguiremos perdiendo poder adquisitivo. Desde STEM y desde la Confederación Intersindical lo criticábamos entonces y lo seguimos criticando.
La primera exigencia que las organizaciones firmantes deberían haber puesto sobre la mesa es precisamente ligar a futuro (o al menos durante la vigencia del acuerdo) las retribuciones de los empleados y empleadas públicas al IPC, al igual que ocurre con las pensiones o con el SMI. Con esto sólo se garantizaría no perder más poder adquisitivo (que ya es más que lo que se alcanzó con el anterior acuerdo). Y a partir de ahí, comenzar la negociación sobre el ritmo de recuperación del poder adquisitivo perdido en base a incrementos adicionales sobre el IPC.
A esto hay que añadir el impacto económico acumulado de la falta de recuperación de las pagas extraordinarias, recortadas un 46% para el grupo A1 y un 33% para el grupo A2 desde 2010. La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas también es el ámbito para negociar la reversión de estos recortes, pero para las organizaciones mencionadas no parece prioritario, a juzgar por lo satisfechas que se muestran del acuerdo alcanzado.
La pérdida del 24% de poder adquisitivo de los salarios acumulada en estos quince años y la persistencia del recorte de las pagas extra no pueden repararse con una subida salarial del 11% en cuatro años, propuesta insuficiente y alejada de la realidad económica que en el mejor de los casos y con mucha suerte nos mantendrá en torno a un 15% más pobres que en 2010 casi 30 años después. Eso sin tener en cuenta que una hipotética recuperación plena del poder adquisitivo perdido desde 2010 (que los sindicatos firmantes ni se plantean) no nos devolvería las decenas de miles de euros que nos hemos dejado por el camino desde ese año.
Los datos que evidencian el retroceso salarial acumulado en estos quince años son: mientras el IPC estatal ha crecido un 38,5%, el conjunto del funcionariado solo ha experimentado un aumento del 14,5%, muy por debajo del coste de la vida. El desfase entre salarios e inflación se ha convertido en una losa para miles de empleados públicos.
Otros sectores sí han experimentado subidas acordes a la evolución económica: un 30,6 % según la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria, en concreto un 32,3% en los convenios colectivos y un 86,9 % en el salario mínimo interprofesional.
Sin embargo, estas organizaciones renuncian una vez más a exigir la restitución de estos derechos colectivos en mesa de negociación, dando a entender erróneamente que la vía para conseguir este objetivo es la de las reclamaciones individuales… mientras, siguen pactando subidas salariales insuficientes que no hacen sino agravar el problema.