Durante este verano hemos tenido constancia de la imposición a algunos centros por parte de las Direcciones de Área Territoriales de cierres de unidades sin justificación o la apertura de otras nuevas, a pesar de no disponer de espacios suficientes para albergar estos nuevos grupos.
Esta situación no es nueva, sino que se ha convertido en norma al tiempo que se convive con medidas de blindaje de la oferta de la educación privado-concertada: apertura de centros educativos en barrios sin colegios e institutos públicos, cesión de suelo público, aumento del tiempo de duración de los conciertos, distrito único de escolarización…
La Comunidad sigue anunciando la bajada de ratios en Infantil, Primaria y Secundaria, mientras que sigue utilizando torticeramente el 10% extraordinario de matriculación que permite el Artículo 87.2 de la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de Educación para aumentar ilegalmente la ratio en nuestros centros educativos, calculando cupos y unidades sobre este aumento extraordinario sin atender las casuísticas específicas que contempla la normativa, a saber, movilidad forzosa o por el inicio de una medida de acogimiento familiar.
La RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2025, de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, así como las etapas de educación especial en la Comunidad de Madrid para el curso 2026-2027, especifica también que: En el caso de centros que cuenten con una demanda superior de plazas escolares, centros únicos de localidad, así como centros que no cuenten con la posibilidad de incrementar el número de unidades, las DAT podrán autorizar, antes de la adjudicación de plaza escolar, que la citada oferta inicial de plazas se incremente hasta un 10 % en el número de alumnos por grupo. Sin embargo, la autorización de grupos sobre ratio no se ajusta de manera generalizada a esta circunstancia.
A esta situación se le ha sumado la creación de los nuevos CEIPSOs desde el curso 2025-26 que ha provocado decisiones administrativas destinadas a garantizar que estos grupos de secundaria salieran adelante por encima de los grupos en centros ordinarios de secundaria. La apertura de estos nuevos CEIPSOs trataba de dar la respuesta organizativa basada en el modelo de la concertada-privada de escolarización de 3 a 16 años en el mismo centro, sin ofrecer por otro lado los recursos necesarios que sí requieren los institutos, equipos directivos completos, aulas específicas como laboratorios, tecnología, talleres… dimensiones adaptadas a la edad del alumnado y que tienen al profesorado de secundaria que ejerce en ellos en su mayoría compartiendo centros, es decir, aumentando la precariedad.
La apuesta de la Comunidad de Madrid por el deterioro y el desmantelamiento de la Educación Pública lleva a que en septiembre haya habido centros que se han visto obligados a modificar toda la planificación inicial al recibir ya iniciado el curso la notificación de apertura de nuevas líneas, echando por tierra todo el trabajo de elaboración de horarios, diseño de grupos, organización de espacios… obligando a reorganizar todo este trabajo en tiempo récord.
Frente a esta situación la Educación Pública madrileña precisa un plan de infraestructuras siendo uno de los pilares de la tabla reivindicativa unitaria de la Huelga Indefinida convocada a partir del próximo 14 de octubre:
- Desarrollo de un plan integral y sostenible de climatización de los centros educativos.
- Construcción de centros públicos de gestión directa suficientes para atender la demanda educativa y eliminación progresiva de infraestructuras provisionales.
- Plan de mantenimiento y adecuación de los centros educativos más antiguos incluyendo la retirada de amianto.
- Supresión de la construcción por fases como modelo ordinario de planificación.
- Desarrollo de un plan integral y sostenible de climatización de los centros educativos.
- Construcción de centros públicos de gestión directa suficientes para atender la demanda educativa y eliminación progresiva de infraestructuras provisionales.
- Plan de mantenimiento y adecuación de los centros educativos más antiguos incluyendo la retirada de amianto.
- Supresión de la construcción por fases como modelo ordinario de planificación.