UGT y CSIF han pactado un incremento del 11% del salario de los empleados públicos para los años 2025, 2026, 2027 y 2028, que en absoluto viene a compensar la pérdida del 24% de nuestro poder adquisitivo que arrastramos desde 2010. Habría sido necesario un incremento del 16% para acerca los salarios a la realidad económica actual.
Este es el ámbito, y habría sido la ocasión, para ligar a futuro de una vez las retribuciones de los empleados y empleadas públicas al IPC. Sólo así evitaremos escenarios como el del último acuerdo plurianual, firmado por UGT y CCOO, que no puso freno a la pérdida de poder adquisitivo. Ante el nuevo acuerdo, el escenario, previsiblemente, será el siguiente:
- La inflación anual estimada del IPC en octubre de 2025 es del 3,1%, es previsible que en noviembre y diciembre se incremente, mientras tanto nuestra subida será del 2,5% lo que significará que aumentará la pérdida de poder adquisitivo.
- Para el año 2026 el incremento será de un 2% ( 1,5+0,5 adicional) lo que, posiblemente, supondrá aumentar la pérdida.
- En 2027 nuestras retribuciones subirán el 4,5% y, presumiblemente será el único año en el que reduciremos (parcialmente) la pérdida de poder adquisitivo, pues si las cosas continúan como hasta ahora la inflación no llegará tan lejos.
- Finalmente en 2028 nuestras retribuciones se incrementarán el 2%, posiblemente supondrá una nueva pérdida.
La pérdida del 24% de poder adquisitivo acumulada en estos quince años no puede repararse con una subida del 11% en cuatro años, propuesta insuficiente y alejada de la realidad económica.
Los datos que evidencian el retroceso salarial acumulado en estos quince años son: mientras el IPC estatal ha crecido un 38,5%, el conjunto del funcionariado solo ha experimentado un aumento del 14,5%, muy por debajo del coste de la vida. El desfase entre salarios e inflación se ha convertido en una losa para miles de empleados públicos.
Otros sectores sí han experimentado subidas acordes a la evolución económica: un 30,6 % según la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias de la Agencia Tributaria, un 32,3% en los convenios colectivos y un 86,9 % en el salario mínimo interprofesional.
A esto hay que añadir el impacto económico acumulado de la falta de recuperación de las pagas extraordinarias recortadas un 46% para el grupo A1 y un 33% para el grupo A2 desde 2010. La Mesa de la Función Pública, en la que estas centrales sindicales están representadas, es el ámbito para negociar la reversión de estos recortes.
Sin embargo, estas organizaciones renuncian una vez más a exigir la restitución de estos derechos colectivos en mesa de negociación, dando a entender erróneamente que la vía para conseguir este objetivo es la de las reclamaciones individuales… mientras siguen pactando subidas salariales insuficientes que no hacen sino agravar el problema.